Acuerdo de paz
Acuerdo de paz
Después de cuatro años de negociaciones, el acuerdo de paz fue firmado por el gobierno y las FARC-EP el 23 de junio de 2016. El anuncio del éxito y la fecha del referéndum se produjo el 24 de agosto de 2016, y un mes después, el 26 de septiembre de 2016, el acuerdo fue firmado públicamente en Cartagena por el presidente Santos y las FARC-EP. Sorprendentemente, el 2 de octubre de 2016, una estrecha mayoría del 50,23% votó «no» y, por tanto, en contra del tratado de paz en un referéndum. Cabe destacar que la participación fue del 37,4% (sólo 13,1 millones de los 34 millones de votantes elegibles) aunque fue una de las más importantes de la historia de Colombia. La baja participación puede explicarse en parte por el mal tiempo y el escaso acceso a los centros de votación. Sin embargo, cabe destacar que fueron precisamente los distritos más afectados por las luchas de las FARC-EP los que votaron «sí» con una mayoría de hasta el 97% (cf. El Tiempo s.a. , cf. Miethke 2018: ZFD).
El resultado llevó a dos semanas de protestas, especialmente en la capital, Bogotá. Como resultado, Santos y las FARC-EP negociaron un acuerdo modificado que tomó en cuenta algunas de las críticas (190 enmiendas) a los «no votantes». Este acuerdo fue aprobado por el gobierno con 70 votos a 0 en el Congreso y 105 votos a 0 en el Senado (cf. Oficina del alto comisionado para la paz s.a.). Las FARC-EP iniciaron entonces la desmovilización y el desarme el 1º de diciembre de 2016 y desde entonces también operaron como partido político (cf. ibíd.).
Contenido del Acuerdo
Los primeros pasos fueron desarmar a las FARC-EP y ubicarlas en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Allí están para ser resocializados en la vida cotidiana. En Colombia se establecieron 19 de estas zonas y también se acordaron siete Puntos Transitorios de Normalización, PTN, que son más pequeños que la ZVTN. En general, las zonas varían en tamaño, son inaccesibles para lxs civiles y están protegidas por la ONU. La ONU controla en cada zona el proceso de entrega de armas por parte de los miembros de las FARC-EP. En 2017, 6.934 miembros de las FARC-EP se registraron oficialmente en las Zonas Veredales (cf. Oficina del Alto Comisionado para la Paz – linea de tiempo dejacion armas 2016).
El contenido del acuerdo se puede dividir en 6 puntos principales:
- Agricultura/reforma agrícola
En este caso, a lxs ex miembros de las FARC-EP se les concede acceso y uso legal de la tierra. El objetivo es una modernización sostenible. Mediante los planes nacionales se debe lograr una mejor infraestructura y desarrollo social en lo que respecta al agua, el acceso a la vivienda, la educación y los servicios de salud. Además, se fortalecerán las economías familiares y se prestará asistencia para que sean competitivas en el mercado. Más puntos: Asistencia técnica, protección de lxs trabajadores/as, lucha contra el hambre y acceso al crédito
- Participación política
El objetivo es aumentar la transparencia en la política, especialmente en las elecciones. Además, la participación de lxs votantes se incrementará con la apertura de nuevos colegios electorales en las zonas rurales. Las comunidades también deben recibir más participación. La oposición política (tanto los partidos como los civiles) debería estar garantizada y protegida de las tropas paramilitares. Con ello se pretende evitar que se repita una acción como la de Uribe en cooperación con las AUC. Los medios de comunicación también deben estar libres de influencias políticas.
- Fin del conflicto
La ONU controla el cese del fuego bilateral y las FARC-EP se comprometen a entregar sus armas en las Zonas Veredales y Puntos Transitorios en un plazo de 180 días. Se prevé una resocialización social, económica y política (con garantías de seguridad) en la vida civil.
- Solución del problema de la droga
A través de la cooperación con las comunidades, los cultivos ilegales deben ser transformados en áreas agrícolas de uso alternativo y permitir a los campesinos y campesinas ganarse la vida. Se continuará la lucha contra el narcotráfico. El enfoque está en la abstinencia de los drogadictos.
- Las víctimas del conflicto / JEP
Se formaron varias comisiones para asegurar el acuerdo.
Se estableció la Jurisdicción Especial de la Paz, o JEP (Ley de Justicia Especial para la Paz) como la Comisión Principal del Acuerdo. Las ministros/as fueron elegidos/as por cinco instituciones diferentes (Naciones Unidas, El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), El Consejo Europeo de Derechos Humanos, La Corte Suprema de Justicia, El Sistema Universitario Estatal). El JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Administra la justicia de transición y se ocupa de los crímenes de conflicto. Se centra en los delitos más graves y los trata de acuerdo con ciertos criterios de selección y prioridad (determinados por las leyes y los magistrados). Esto debería conducir a una paz y una justicia duraderas y estables para las víctimas. Además, se prestará asistencia para las reparaciones, la reconstrucción de tierras y los problemas psicosociales. Sin embargo, el JEP sólo se ocupa de los crímenes de las ex-FARC-EP, que están obligados a la Comisión si quieren recibir la amnistía. Los paramilitares, la seguridad civil (policía) o lxs civiles testifican voluntariamente y no tienen que cumplir con las regulaciones del PEC. Esto ha sido decidido por la Corte Constitucional y el gobierno.
- Implementación, verificación y confirmación
Se formó una comisión para monitorear y examinar el acuerdo. También se verifica mediante un mecanismo. Esto debería asegurar el apoyo internacional y la constante defensa ciudadana. (cf.: Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2016 – lo que hemos acordado el acuerdo final de paz 2016)
Para más información/literatura se recomienda el sitio oficial del tratado de paz. Esta página fue mencionada en este subcapítulo: Oficina del Alto Comisionado para la Paz 2016: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/home.aspx(consultado el 6.6.19).