Los Wayúu

Ina Niehus, Nina Hanning, Tabea Willhöft

El 22.03.2019 nuestro grupo de excursión visitó el pueblo Tamaquito. Como preparación para nuestra excursión ya vimos el documental «La Buena Vida – Das gute Leben» y discutimos su contenido. El director Jens Schanze acompañó a la comunidad del pueblo de Tamaquito, un grupo Wayúu en el departamento colombiano de La Guajira. La comunidad está siendo reubicada por la compañía de carbón Cerrejón. Los habitantes* de la zona nos acogieron calurosamente y pudimos hablar con varios miembros de la comunidad durante mucho tiempo y hacer preguntas. Al atardecer nos mostraron los alrededores de la aldea reasentada. Un día más tarde nos dirigimos al río Arroyo Bruno, amenazado por un desvío, y hablamos con los habitantes que viven en las orillas del río. En este capítulo del blog queremos abordar el tema del reasentamiento de Tamaquito y los problemas relacionados con él. En primer lugar, nos ocuparemos de la historia del grupo indígena Wayúu. A continuación, situaremos el desplazamiento de las comunidades de la Guajira en el contexto político de las estructuras económicas extractivistas de Colombia.   
                            

El pueblo Wayúu

Los Wayúu (también: Wayuu) son un pueblo indígena que puebla las zonas de la actual Colombia y Venezuela. Estas áreas se extienden desde el norteño departamento colombiano de La Guajira hasta los alrededores del Lago de Maracaibo en el lado venezolano. Por lo tanto, en la literatura el nombre Guajiros se puede encontrar también como una derivación de La Guajira para el Wayúu (cf. Amodio & Pérez 2006: 11). Por otro lado, se refieren a sí mismos como

„Wachuküamüsükasainwanéea’laülaajoyotüsüspünalu’uka’ikatspülaskujai njatüinsukuwaipasumüinwachonyuuéeantüinskal’uuka’kat“ (Montaño Salas 2017: 165). Según MONTAÑO SALAS (ibid. 166) la definición escrita en la lengua indígena Wayuunaiki puede traducirse de la siguiente manera:

„Them [sic!] Wayuu are people of sand, sun and wind, carry in the moral of the desert, have resisted during centuries in the peninsula of the Guajira, are large craftsmen [sic!], and merchants, fighters tireless by the rights historical [sic!], that have been very violated by the discrimination and the racism”.

Tradicionalmente, esta información se transmite verbalmente de la generación más vieja a la más joven (cf. ibíd.), ya que el lenguaje, junto con la escritura, se considera el medio de comunicación más importante en la cultura wayúu. Desde 1992, el wayuunaiki es reconocido como uno de los idiomas oficiales de la Guajira (véase Polo Figueroa 2017; 46f). De la definición anterior según Montano Salas, podemos ver que los Wayúu se identifican como gente de arena, sol y viento. A través de la autodenominación de los Wayúu, se puede reconocer una conexión mental entre el pueblo Wayúu y su entorno natural. Este vínculo también se puede observar en el diseño de sus viviendas: las fachadas de las paredes y los techos están pintadas con colores que también se encuentran en la naturaleza de La Guajira, como los tonos tierra y azul. Por lo tanto, el territorio de los Wayúu no está visualmente delimitado conscientemente del entorno natural, sino que está adaptado a él. Jairo Fuentes, gobernador indígena de la comunidad wayúu de Tamaquito, señala que existe una diferencia entre los términos territorio y tierra en su cultura: el término territorio tiene un carácter más administrativo y describe las áreas geográficas donde viven los wayúu. Esto puede sonar muy sobrio al principio, pero la posesión de un título de propiedad sobre un determinado territorio legitima la más amplia autodeterminación Wayúu posible en ese territorio. Por lo tanto, su territorio es un factor integral para mantener su forma de vida. El término tierra, por otro lado, tiene un componente cultural porque está vinculado a la cosmología que rodea a la Madre Tierra. El pueblo Wayúu reconoce en ella un elemento que asegura la continuidad de sus comunidades. Las plantas que crecen allí y los recursos hídricos cercanos alimentan a los miembros de las comunidades y así ha sido desde que las comunidades se establecieron allí.

Los espacios con connotaciones espirituales, como Jepira, también tienen una función importante. Jepira describe una habitación donde se alojan las almas de los Wayúu fallecidos. Cuando un miembro de la comunidad muere, el cuerpo y el alma se separan. Mientras el cuerpo muere, el alma, el llamado aa’in, vive como un ser no humano. Se convierte en un yoluja, un espíritu del miembro fallecido y llega a las demás almas Wayúu de Jepira (cf. Paz Reverol 2017: 279). Así, por ejemplo, a las montañas del norte de Colombia llamadas Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá dentro del territorio wayúu se les atribuye un alto valor cultural, ya que los wayúu las conectan con el viaje a Jepira. Estos lugares son las últimas etapas visitadas por el espíritu de un Wayúu fallecido antes de llegar finalmente al fondo del mar, también llamado Tierra de los guajiros muertos (ver Mincultura 2017: 3f).
Otro factor que define a los Wayúu es su historia. La definición según Montano Salas describe las experiencias históricas de discriminación y racismo a las que los Wayúu han estado expuestos. Sin embargo, cabe señalar que la historia de los Wayúu no es exclusivamente negativa. Según Mincultura (cf. ibíd. 5f) hay relativamente pocas fuentes que reflejen la situación de los Wayúu en la época colonial, con la excepción de las crónicas españolas. Por lo tanto, el enfoque en los acontecimientos históricos negativos puede subyacer a la definición de una percepción más bien eurocéntrica. Se dice que las disputas recurrentes entre los Wayúu y los europeos sobre los territorios indígenas han sido los acontecimientos más significativos. Especialmente a partir de los años sesenta – durante el conflicto armado en Colombia – el pueblo Wayúu resistió. Su tipo de resistencia se manifiesta así sobre todo en la perseverancia así como en la cohesión colectiva del pueblo (ver ARCHILA & GARCÍA 2014: 26f).

Aunque la cultura Wayúu ha sido confrontada durante un período constante de tiempo con la fuerte presencia europea en Colombia y los efectos del conflicto armado, todavía se celebra hoy en día. Por lo tanto, la autodenominación como luchadores* por su cultura en la definición de Montano Salas es bastante apropiada. Archila & Garcßia concluyen: «[…] los indígenas de Colombia […] no son víctimas pasivas de la violencia en su contra […]» (ibid. 26).

Tamaquito

Tamaquito es un pueblo Wayúu en el norteño departamento colombiano de La Guajira. A través de la película documental La buena vida de Jens Schanze recibió la atención de los medios de comunicación tanto en Alemania como en Colombia. La película acompaña el proceso de desplazamiento y reasentamiento que sufrieron los habitantes* a medida que la mina de carbón El Cerrejón se acercaba cada vez más al pueblo. Si la comunidad se hubiera negado a reasentarse, habría quedado rodeada por la mina y habría perdido el acceso al río y sus pastos (cf. Schüller 2016: 10).

Tamaquito es sólo uno de los muchos pueblos que tuvieron que dejar paso a la corporación multinacional Cerrejón, pero esto no siempre se hizo de mutuo acuerdo (cf. ibid.). Jairo Fuentes, el líder de la comunidad del pueblo, explicó a nuestro grupo que las prolongadas negociaciones de reasentamiento de Tamaquito para el Cerrejón se presentan como un proyecto modelo. Por contrato, ambas partes acordaron un reasentamiento.

Proceso de reasentamiento:

En el antiguo Tamaquito vivían alrededor de 180 personas que podían vivir de la agricultura, la ganadería y la caza. El pueblo estaba situado en una zona boscosa en las montañas en la frontera con Venezuela y tenía suficientes fuentes de agua (ver Reisser o.J.).  La superficie disponible por habitante* era de 10 ha poco antes del proceso de reasentamiento, lo cual es demasiado pequeño para seguir viviendo como de costumbre. A partir de 1980, los terrenos alrededor de Tamaquito fueron comprados por el Cerrejón, de modo que el área que el pueblo tenía a su disposición se fue reduciendo cada vez más (véase ibíd.). El violento desalojo de la vecina aldea de Tabaco, donde se encontraba la escuela a la que asistían los niños y niñas de Tamaquito, también fue decisivo. El proceso de reasentamiento de Tamaquito comenzó años antes del propio reasentamiento. Ya en 1996, los habitantes* observaron que las plantas medicinales ya no crecían. Según la comunidad de la aldea, las negociaciones entre Tamaquito y Cerrejón comenzaron en 2007. Inicialmente, Cerrejón no estaba listo para las negociaciones. En cambio, la empresa ejerció una presión psicológica sobre los residentes para que aceptaran las demandas del Cerrejón. Tamaquito realizó una llamada consulta autónoma, en la que se preguntó a todos los miembros de la aldea si querían irse o quedarse. Jairo Fuentes llama a este período «el tiempo de la organización» que fue bastante difícil. El Cerrejón compró las tierras de los alrededores durante este período para chantajearlas de esta manera. Tamaquito recibió ayuda de ONGs y otras organizaciones. Sin embargo, el apoyo internacional y el rodaje de La buena vida crearon espacio para las negociaciones. Los habitantes* de Tamaquito querían una ubicación para el nuevo pueblo que estaba aún más arriba en las montañas, pero esto fue rechazado por el Cerrejón (ver REISSER o.J.). Por lo tanto, se determinó un lugar en el paisaje estepario como Tamaquito II (cf. ibíd.). Los habitantes* tuvieron voz y voto en el diseño de sus unidades de vivienda; esto fue diferente a los procesos de reasentamiento de otras comunidades. El reasentamiento propiamente dicho tuvo lugar en agosto de 2013. Sólo dos años más tarde la comunidad recibió oficialmente el título de propiedad de Tamaquito II.

Tamaquito II:

En nuestra excursión, Tamaquito II fue el lugar que tratamos más profundamente de antemano en base a la película. En marzo de 2019, 43 familias (201 personas) vivían allí. Tienen 300 hectáreas de tierra. Por lo tanto, el área es considerablemente más grande que la que tenían oficialmente disponible en su antiguo pueblo.

La ubicación actual está a unos 30 km del antiguo sitio (ver Reisser o.J.). La situación de vida de los habitantes del pueblo ha cambiado radicalmente. En las conversaciones con los aldeanos nos dijeron que no estaban contentos con la nueva ubicación. Durante el proceso de negociación, Cerrejón nos aseguró el suministro de agua (ver Reisser O.J.). La empresa construyó un costoso sistema europeo de suministro de agua, pero éste no funcionó durante mucho tiempo. Durante la conversación se confirmó que la cantidad de agua no era suficiente para cubrir las necesidades diarias. Esto sigue siendo un problema para la comunidad. Después del reasentamiento, el Cerrejón controló la calidad del agua por sí mismo, de modo que no fue posible una opinión de expertos independientes. En consecuencia, los residentes querían aprender a construir un pozo ellos mismos y tomar muestras de agua que serían analizadas en un laboratorio independiente. De esta manera se podría lograr una mejora en la calidad del agua. Sin embargo, no se cumplió el acuerdo de proporcionar un suministro de agua suficiente. Según Cerrejón, Jairo Fuentes nos dice que cada persona tiene derecho a entre 5 y 8 litros de agua por día, que se entregan en tanques dos veces por semana. A modo de comparación: el consumo medio per cápita en Alemania es de 127 litros de agua al día (2018) (véase Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 2019). Con esta cantidad de agua, el cultivo agrícola es imposible en una región como la Guajira, y la comunidad nos lo explica de manera muy impresionante: «En el pasado éramos ricos en regalos que la naturaleza nos daba y teníamos todo lo que necesitábamos». Jairo Fuentes describe el cambio como «un desplazamiento del productor al consumidor». El concepto de consumidor debe ser considerado aún más de cerca. No se crean medios adecuados para ganarse la vida que permitan a los Wayúu mantenerse a sí mismos. Esto crea una relación de dependencia del dinero en general y del Cerrejón en particular. Trabajar para la empresa es algo que (la mayoría?) de los habitantes* se niegan a hacer, porque no apoyan la explotación de la tierra a través de la minería del carbón. Por lo tanto, la comunidad de Tamaquito inició nuevas negociaciones con el Cerrejón en el 2016 para reducir la tasa de dependencia mencionada.  Su objetivo es operar de forma completamente autónoma.

La contaminación del aire también es un problema para la comunidad. Se mostró una botella de Coca-Cola, que no pareció sorprender desde la distancia. Sin embargo, de cerca quedó claro que no era cola, sino agua contaminada. Un residente de una comunidad vecina nos dijo que era el agua que ella atrapaba de su techo cuando llovía. Esto ilustra la cantidad de polvo de carbón acumulado en el techo, que es transportado por el aire. Se puede suponer que tales condiciones de vida tienen un impacto negativo en la salud de los residentes. Esto también es transferible a Tamaquito. Un residente informó que su vecino estaba en el hospital con una enfermedad pulmonar y se demostró que ésta era causada por el polvo del carbón. Estos riesgos para la salud, que eran aún mayores debido a la proximidad de la mina en su antiguo pueblo, hicieron que los residentes* decidieran en primer lugar iniciar el proceso de reasentamiento. En este contexto, Jairo Fuentes subraya a menudo que no fueron reasentados voluntariamente, sino que fueron obligados indirectamente a abandonar su antiguo pueblo.

La apariencia visual del nuevo Tamaquito es muy diferente a la del anterior pueblo mostrado en el documental. Las viviendas en Tamaquito I estaban construidas en su mayoría de arcilla. Las unidades de vivienda en Tamaquito II se asemejan a las viviendas más occidentales hechas de concreto y piedra y son mucho más espaciosas que las casas tradicionales. Aunque se les permitió ayudar a diseñar las casas, esto no significa que la comunidad Wayúu se sienta cómoda en esta aldea. La comunidad de Tamaquito se presenta como una unidad cerrada, que apoya sobre todo a su líder Jairo Fuentes. Nos dijeron que observaron al Cerrejón dividiendo otras comunidades. Como resultado de ello, organizaron charlas y discusiones conjuntas para tomar todas las decisiones importantes en conjunto. Al personal del Cerrejón* sólo se le permitió entrar al territorio y negociar con la comunidad mediante un acuerdo previo. Esta estrategia no tuvo éxito en traer el descontento a la comunidad. La cohesión entre ellos se hizo evidente durante toda la conversación.

Desvío del Arroyo Bruno  

Sin embargo, Tamaquito no es la única comunidad wayúu de La Guajira afectada por la minería de carbón. En 2011, la empresa del Cerrejón anunció su plan de desviar el río Ranchería en 26,2 kilómetros. Esto permitiría al Cerrejón extraer 500 millones de toneladas adicionales de carbón, que se encuentran bajo el lecho del río (véase Censat Agua Viva y Sintracarbón: 14f). Pero también el Arroyo Bruno, un afluente de las Rancherías, debía ser reubicado según lo previsto, inicialmente en 3,6 kilómetros. No obstante, para el año 2020 está previsto un desplazamiento del cauce del río de 9,3 kilómetros más (véase Contagio Radio 2016). Para los Wayúu que viven allí, esto significaría una enorme restricción en su forma de vida y economía, ya que el río es la única fuente local de agua. Como resultado del desvío, los Wayúu quedarían en gran medida aislados del río y su existencia se vería amenazada.

El jefe de una de estas comunidades Wayúu informa que el personal del Cerrejón* intentó adoctrinar a las familias. La pobreza es un gran problema en la región, por lo que se ofreció dinero a muchas familias como compensación. Aunque hasta entonces los Wayúu no se identificaban como una comunidad pobre, el Cerrejón les sugirió a las familias que eran precisamente eso, y que una expansión de la minería del carbón aumentaría enormemente la riqueza de la región. Como resultado de la presión del Cerrejón, algunas de las familias aprobaron finalmente el desvío del río, lo que también cambió la dinámica social dentro de las comunidades. En el pasado, todas las familias locales habían sido amigas, pero el desvío planificado del río dividió a las comunidades. Ya no existe una comunidad de pueblo solidaria y armoniosa.

En la conversación con la comunidad se hace evidente una cosa en particular: los Wayúu que permanecen a lo largo del río se sienten traicionados por el Cerrejón. La riqueza prevista no es perceptible en la región, la situación ha empeorado. De hecho, el Cerrejón está financiando algunos proyectos locales más pequeños para apoyar a los Wayúu. Sin embargo, la comunidad los considera como una limosna y no se consideran eficaces. El director trata regularmente de involucrarse en el proceso de reorientación y de lograr una mejora en la cooperaciónPor ejemplo, pidió más transparencia y honestidad en el trato con las comunidades. Las familias no deben ser sobornadas con medios económicos ni forzadas a tomar una decisión ejerciendo presión psicológica. Es cuestionable la utilidad de la encuesta a la población regional cuando – como en el caso del desvío previsto del Arroyo Bruno – las medidas de construcción ya han sido completadas. Además, se debe sensibilizar al público sobre las consecuencias ecológicas y sociales de la desviación y se debe proporcionar una compensación adecuada. La empresa aún no ha aceptado dicha cooperación.

Extractivismo en Colombia

El reasentamiento de las comunidades locales se inscribe en el marco de una política dependiente de los recursos, cuyos efectos se manifiestan en todo el país en los conflictos por la tierra, entre otras cosas. Debido a la continua expansión de la mina de carbón, muchas personas ya han tenido que dejar sus hogares en La Guajira. Jairo Fuentes acusa al Estado y a la empresa minera Cerrejón por las expropiaciones en La Guajira: El Estado colombiano ha prometido progreso para la región de La Guajira y ha permitido la extracción de carbón. Por lo tanto, el Estado tiene parte de la culpa de lo ocurrido. El Cerrejón tampoco ha cumplido su promesa de explotación a cielo abierto sin dañar el medio ambiente. Ahora, según Jairo Fuentes, llevan una vida insoportable.

Las minorías que son reconocidas oficialmente como indígenas o afrocolombianas deben ser protegidas por el Estado colombiano. En 1991 Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los estados signatarios a garantizar a los pueblos indígenas (un derecho a sus tierras y recursos (Art.13-19). Colombia incluyó la protección de las minorías en su legislación nacional (Ley Nº 21). Esto establece que la tierra colectiva no puede ser vendida a los actores multinacionales (véase Bangert 2005; Rathgeber 2019). No obstante, las minorías en Colombia se ven a menudo afectadas por la apropiación de tierras. La Ley No.685 de la Constitución colombiana favorece los proyectos de empresas mineras como el Cerrejón: desde que la ley entró en vigor en 2001, los recursos minerales han estado bajo el control del Estado. El gobierno nacional otorga concesiones a las empresas que les permiten extraer materias primas en determinadas zonas a cambio del pago de impuestos. El artículo 37 de esta ley muestra los rasgos centralistas de la política económica de Colombia. Prohíbe a los gobiernos locales tener voz y voto en la explotación de los recursos naturales (véase Dietz 2017: 7f; LAMBERT 2015: 3). Para las empresas multinacionales como el Cerrejón, estas condiciones legales son de gran ventaja. En 1977, la compañía comenzó a extraer carbón duro en La Guajira (ver CERREJÓN 2019). Mientras tanto, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, con una superficie total de 69.000 hectáreas, está ubicada allí. Cada año Cerrejón produce alrededor de 33 millones de toneladas de hulla, de las cuales el 90% se exporta (cf. Banktrack 2019; Ganswind, Rötters & Schückling 2013: 12).

Alemania también compra hulla a Colombia. Aunque el cierre de la última mina de carbón a finales de 2018 puso fin a la extracción de hulla en Alemania, se seguirá utilizando porque la totalidad de la demanda de electricidad en Alemania todavía no puede cubrirse exclusivamente con energías renovables (véase Bahner 2018). En 2017, el 17 % de la generación bruta de electricidad seguía generándose con hulla, por lo que las importaciones de hulla de este año ascendieron a 48 millones de toneladas. En el año 2018, Colombia estuvo entre los países exportadores de carbón más grandes del mundo junto con Australia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. (véase Verein Der Kohleimporteure E.V. 2019: 36f.). La política económica de Colombia, con su legislación favorable a los inversores y sus normas medioambientales muy suaves, tiene como objetivo el desarrollo orientado a la exportación. Durante el mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el número de concesiones otorgadas pasó de 1.900 a 7.774. Bajo la dirección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), la política agrícola y económica siguió centrándose en las exportaciones. Santos describe la extracción y exportación de recursos como un importante motor económico. La locomotora minera tiene como objetivo iniciar procesos de desarrollo en las regiones rurales y aumentar la prosperidad nacional. Sin embargo, a pesar de los altos ingresos estatales del sector minero, no hay evidencia de reducción de la pobreza en regiones con proyectos mineros como La Guajira (véase DIETZ 2017: 363 y sig.).

La minería intensiva y exclusivamente orientada a la exportación de recursos naturales en su mayoría no renovables caracteriza la estructura económica de muchos países latinoamericanos y se conoce como extractivismo. SVAMPA (2012: p. 14) define el extractivismo como «ese modelo de acumulación […] basado en la explotación excesiva de recursos naturales cada vez más escasos, en su mayoría no renovables, y en la extensión de este proceso a territorios antes considerados ‘improductivos'». Según GUDNYAS (2011: 70), además de la minería, los sectores extractivistas incluyen también los hidrocarburos (gas y petróleo) y, si se amplía el plazo, los monocultivos de exportación. Dentro de un modelo económico extractivista, se crean condiciones atractivas para que las empresas internacionales atraigan capital extranjero. Por último, el gobierno se beneficia de los impuestos sobre las empresas. El beneficio se distribuirá equitativamente entre la población. Los gobiernos extractivistas suelen considerar que el crecimiento económico es un motor del desarrollo (ibíd.). El modelo de desarrollo basado en la dependencia de los productos básicos está lleno de tensiones y contradicciones:

La explotación de las materias primas siempre va acompañada de un daño ambiental irreparable y de consecuencias sociales negativas, como también lo acusa Jairo Fuentes en La Guajira. Los grupos de población son expulsados de sus territorios por el robo de tierras y sus medios de vida son destruidos. Al establecer un vínculo entre la reducción de la pobreza y la extracción de materias primas, se debe legitimar la extracción de materias primas (cf. MATTHES 2012: 15, GUDYNAS 2012: 46). A través de la orientación a la exportación, los países con orientación extractivista también se integran en la economía mundial globalizada. Esto crea una dependencia de los estados orientados a la exportación con respecto a la demanda global. Además, las industrias de exportación dependen de la extracción continua de recursos, que son finitos. Estas dependencias se ven particularmente reforzadas por el hecho de que los gobiernos extractivistas suelen mostrar poco interés en diversificar la economía nacional y su base industrial y de servicios (véase GUDYNAS 2011: 72f.). Ya antes de la colonización, la riqueza de recursos en América Latina estaba siendo explotada. Con la colonización, sin embargo, el alcance del uso cambió a una explotación de recursos, de la cual se beneficiaron principalmente las elites locales y los actores externos. El papel de América Latina dentro de la división internacional del trabajo como proveedora de materias primas para Europa no cambió con la independencia en las primeras décadas del siglo XIX (véase LANDER 2014: 3). Los modelos extractivistas de desarrollo promueven las estructuras neocoloniales, ya que colocan a los Estados en posiciones subordinadas en el sistema económico mundial (cf. GUDYNAS 2012: 50). Así pues, las relaciones de poder coloniales siguen existiendo. Las políticas favorables a los inversores conducen a una recolonización de las comunidades locales y de la naturaleza por parte de las empresas multinacionales. Cabe señalar, sin embargo, que aunque el extractivismo emana de los gobiernos locales, está impulsado y controlado por la creciente demanda mundial de materias primas. En última instancia, sería impensable sin el «estilo de vida imperial» de las sociedades ricas y de consumo (cf. BRAND, WISSEN 2017: 13f.).

Después de nuestras visitas a las comunidades desplazadas de Tamaquito y Roche y a la mina a cielo abierto Cerrejón, muchas preguntas quedaron sin respuesta en nuestro grupo de excursión: ¿Puede haber un comercio justo y equitativo del carbón y un buen extractivismo? ¿Cómo puede un país como Colombia liberarse de las dependencias globales y de las relaciones de poder coloniales? ¿Hasta qué punto vivimos un estilo de vida imperial y qué alternativas tenemos?

 

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Illustración:

Illustración 1: Tamaquito. Imagem Propia.
Illustración 2: Arroyo Bruno. Imagem propia.
Illustración 3: Arroyo Bruno. Imagem propia.