Extractivismo en Colombia
Extractivismo en Colombia
El reasentamiento de las comunidades locales se inscribe en el marco de una política dependiente de los recursos, cuyos efectos se manifiestan en todo el país en los conflictos por la tierra, entre otras cosas. Debido a la continua expansión de la mina de carbón, muchas personas ya han tenido que dejar sus hogares en La Guajira. Jairo Fuentes acusa al Estado y a la empresa minera Cerrejón por las expropiaciones en La Guajira: El Estado colombiano ha prometido progreso para la región de La Guajira y ha permitido la extracción de carbón. Por lo tanto, el Estado tiene parte de la culpa de lo ocurrido. El Cerrejón tampoco ha cumplido su promesa de explotación a cielo abierto sin dañar el medio ambiente. Ahora, según Jairo Fuentes, llevan una vida insoportable.
Las minorías que son reconocidas oficialmente como indígenas o afrocolombianas deben ser protegidas por el Estado colombiano. En 1991 Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los estados signatarios a garantizar a los pueblos indígenas (un derecho a sus tierras y recursos (Art.13-19). Colombia incluyó la protección de las minorías en su legislación nacional (Ley Nº 21). Esto establece que la tierra colectiva no puede ser vendida a los actores multinacionales (véase Bangert 2005; Rathgeber 2019). No obstante, las minorías en Colombia se ven a menudo afectadas por la apropiación de tierras. La Ley No.685 de la Constitución colombiana favorece los proyectos de empresas mineras como el Cerrejón: desde que la ley entró en vigor en 2001, los recursos minerales han estado bajo el control del Estado. El gobierno nacional otorga concesiones a las empresas que les permiten extraer materias primas en determinadas zonas a cambio del pago de impuestos. El artículo 37 de esta ley muestra los rasgos centralistas de la política económica de Colombia. Prohíbe a los gobiernos locales tener voz y voto en la explotación de los recursos naturales (véase Dietz 2017: 7f; Lambert 2015: 3). Para las empresas multinacionales como el Cerrejón, estas condiciones legales son de gran ventaja. En 1977, la compañía comenzó a extraer carbón duro en La Guajira (ver Cerrejón 2019). Mientras tanto, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, con una superficie total de 69.000 hectáreas, está ubicada allí. Cada año Cerrejón produce alrededor de 33 millones de toneladas de hulla, de las cuales el 90% se exporta (cf. Banktrack 2019; Ganswind, Rötters & Schücking 2013: 12).
Alemania también compra hulla a Colombia. Aunque el cierre de la última mina de carbón a finales de 2018 puso fin a la extracción de hulla en Alemania, se seguirá utilizando porque la totalidad de la demanda de electricidad en Alemania todavía no puede cubrirse exclusivamente con energías renovables (véase Bahner 2018). En 2017, el 17 % de la generación bruta de electricidad seguía generándose con hulla, por lo que las importaciones de hulla de este año ascendieron a 48 millones de toneladas. En el año 2018, Colombia estuvo entre los países exportadores de carbón más grandes del mundo junto con Australia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. (véase Verein der Kohleimporteure e.V. 2019: 36f.). La política económica de Colombia, con su legislación favorable a los inversores y sus normas medioambientales muy suaves, tiene como objetivo el desarrollo orientado a la exportación. Durante el mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el número de concesiones otorgadas pasó de 1.900 a 7.774. Bajo la dirección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), la política agrícola y económica siguió centrándose en las exportaciones. Santos describe la extracción y exportación de recursos como un importante motor económico. La locomotora minera tiene como objetivo iniciar procesos de desarrollo en las regiones rurales y aumentar la prosperidad nacional. Sin embargo, a pesar de los altos ingresos estatales del sector minero, no hay evidencia de reducción de la pobreza en regiones con proyectos mineros como La Guajira (véase Dietz 2017: 363 y sig.).
La minería intensiva y exclusivamente orientada a la exportación de recursos naturales en su mayoría no renovables caracteriza la estructura económica de muchos países latinoamericanos y se conoce como extractivismo. SVAMPA (2012: p. 14) define el extractivismo como «ese modelo de acumulación […] basado en la explotación excesiva de recursos naturales cada vez más escasos, en su mayoría no renovables, y en la extensión de este proceso a territorios antes considerados ‘improductivos'».
Según Gudnyas (2011: 70), además de la minería, los sectores extractivistas incluyen también los hidrocarburos (gas y petróleo) y, si se amplía el plazo, los monocultivos de exportación. Dentro de un modelo económico extractivista, se crean condiciones atractivas para que las empresas internacionales atraigan capital extranjero. Por último, el gobierno se beneficia de los impuestos sobre las empresas. El beneficio se distribuirá equitativamente entre la población. Los gobiernos extractivistas suelen considerar que el crecimiento económico es un motor del desarrollo (ibíd.). El modelo de desarrollo basado en la dependencia de los productos básicos está lleno de tensiones y contradicciones:
La explotación de las materias primas siempre va acompañada de un daño ambiental irreparable y de consecuencias sociales negativas, como también lo acusa Jairo Fuentes en La Guajira. Los grupos de población son expulsados de sus territorios por el robo de tierras y sus medios de vida son destruidos. Al establecer un vínculo entre la reducción de la pobreza y la extracción de materias primas, se debe legitimar la extracción de materias primas (cf. Matther 2012: 15, Gudynas 2012: 46). A través de la orientación a la exportación, los países con orientación extractivista también se integran en la economía mundial globalizada. Esto crea una dependencia de los estados orientados a la exportación con respecto a la demanda global. Además, las industrias de exportación dependen de la extracción continua de recursos, que son finitos. Estas dependencias se ven particularmente reforzadas por el hecho de que los gobiernos extractivistas suelen mostrar poco interés en diversificar la economía nacional y su base industrial y de servicios (véase Gudynas 2011: 72f.). Ya antes de la colonización, la riqueza de recursos en América Latina estaba siendo explotada. Con la colonización, sin embargo, el alcance del uso cambió a una explotación de recursos, de la cual se beneficiaron principalmente las elites locales y los actores externos. El papel de América Latina dentro de la división internacional del trabajo como proveedora de materias primas para Europa no cambió con la independencia en las primeras décadas del siglo XIX (véase Lander 2014: 3). Los modelos extractivistas de desarrollo promueven las estructuras neocoloniales, ya que colocan a los Estados en posiciones subordinadas en el sistema económico mundial (cf. Gudynas 2012: 50). Así pues, las relaciones de poder coloniales siguen existiendo. Las políticas favorables a los inversores conducen a una recolonización de las comunidades locales y de la naturaleza por parte de las empresas multinacionales. Cabe señalar, sin embargo, que aunque el extractivismo emana de los gobiernos locales, está impulsado y controlado por la creciente demanda mundial de materias primas. En última instancia, sería impensable sin el «estilo de vida imperial» de las sociedades ricas y de consumo (cf. Brand, Wissen 2017: 13f.).
Después de nuestras visitas a las comunidades desplazadas de Tamaquito y Roche y a la mina a cielo abierto Cerrejón, muchas preguntas quedaron sin respuesta en nuestro grupo de excursión: ¿Puede haber un comercio justo y equitativo del carbón y un buen extractivismo? ¿Cómo puede un país como Colombia liberarse de las dependencias globales y de las relaciones de poder coloniales? ¿Hasta qué punto vivimos un estilo de vida imperial y qué alternativas tenemos?